De ineficaz calificó la Contraloría General de la República (CGR) la gestión adelantada por Electricaribe en la ejecución de recursos para la normalización del servicio de energía, durante las vigencias 2008 a 2014, en la Región Caribe.

Así lo señala un informe que el Delegado para el Sector de Minas y Energía, Ricardo Rodríguez Yee, le presentó al Agente Especial para Intervención de Electricaribe, Javier Lastra Fuscaldo (adscrito a la Superintendencia de Servicios Públicos), que contempla un análisis detallado de la manera como, con los recursos asignados y girados, su ejecución resulta desastrosa.

En términos eléctricos, el informe deja a Electricaribe con el “cable pelao”, al no cumplir con los objetivos sociales del programa. Por el contrario, denota un desorden en la contratación y vigilancia y, lo que es peor, no solo no se cumplieron las metas de legalización de usuarios, optimización del servicio ni de reducción de pérdidas técnicas, sino que, además, aumentó la subnormalización eléctrica en la Región Caribe.

El análisis corresponde a los diez convenios suscritos por Electricaribe con el Programa de Normalización de Redes Eléctricas -Prone-, por $346.680 millones, para la normalización del servicio de 160.551 usuarios, con el desarrollo de 583 proyectos, en el período 2008 y 2011 a 2014 y 2012 - 2014.

Igualmente, a 10 convenios suscritos por Electricaribe con Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas –FAER –, por $99.171 millones para la normalización del servicio de 87.466 usuarios, comprendiendo 53 proyectos.

En total, fueron asignados recursos por $445.851 millones para beneficiar a 248.017 usuarios, con 636 proyectos.

Por departamentos, el programa se discriminaba de la siguiente manera: Atlántico, $75.698 millones (21,82%), 43.792 usuarios; Bolívar, $57.340 millones (16,53%), 27.200 usuarios; Magdalena, $98.393 millones (28,26%), 43.911 usuarios; Sucre, $21.314.6 millones (6,14%), 8.526 usuarios; Córdoba, $24.562.3 millones (7,08%), 11.601 usuarios; La Guajira, $22.313.6 (6,43%), 10.001 usuarios y Cesar, $47.310.7 millones (13,64%), 19.026 usuarios.

Para tal fin, Electricaribe suscribió 558 contratos, de los cuales 62 dentro de los 3 primeros meses de recibidos los recursos; 5 en el período de 91 a 180 días, 401 entre los 6 meses y 1 año después y 90 luego de un año de tener los dineros.

“Como se puede observar se presenta un número significativo de contratos, el 88%, que fueron suscritos con un tiempo superior a los seis meses hasta más de un año, lo que representa una demora significativa entre la fecha de suscripción de contratos de Electricaribe con los terceros ejecutores de las obras, cuando el término establecido para suscribir los contratos es de 3 meses, situación generada por los esquemas corporativo de contratación de Electricaribe, la falta planeación y de personal para adelantar oportunamente dicho proceso, lo cual conlleva a que se tenga menos tiempo para la ejecución de las obras y se deba recurrir a las prórrogas”.

Desorden en la contratación

Para la Contraloría, la conclusión es que todos los procesos estuvieron rodeados de la total ineficacia para su ejecución, por parte de Electricaribe. El fracaso fue total, tanto así que, de 337.225 usuarios a normalizar su servicio al comienzo de programa, hoy la cifra se ha incrementado a 380 mil.

Lo encontrado por la Contraloría General de la República, corroborando auditorías previas, es decepcionante: proyectos suspendidos sin que se les haya fijado términos puntuales para ello; proyectos cancelados; otros que fueron terminados pero que no se energizaron por oposición de la comunidad, algunos de los cuales están siendo desmantelados, además de algunos con litigios con contratistas.

También se evidenció la suscripción de sucesivas prórrogas a los plazos de ejecución de los contratos del Ministerio de Minas y Electricaribe. Como consecuencia, en el año 2015 el Ministerio decidió no conceder nuevas prórrogas a los plazos e iniciar el proceso de liquidación de los convenios y contratos.

Caso típico es que solo hasta el día 26 de noviembre de 2015, se llevó a cabo la liquidación del contrato Prone 097 03 de 2008, más de 5 años después del plazo inicialmente establecido sin prórrogas, que era 30 de julio de 2010.

Igualmente, no obstante el Ministerio de Minas y Energía haber realizado el giro de los recursos, en febrero de 2016, no se habían iniciado las obras de los proyectos Prone y Faer vigencia 2014.

Respecto de la contratación del 2013, se observa una baja ejecución de los recursos del Faer contratados.

Para la Contraloría, “las situaciones antes descritas, afectan la oportunidad del cumplimiento de los objetivos propuestos para el Faer y el Prone”.

Dentro de los proyectos no exitosos señala los de Nueva Esperanza (Magangué - Bolívar), Los Cerezos (Riohacha - Guajira), Santa Inés (Ciénaga - Magdalena), Villa Nurys (Codazzi - Cesar) y Villa Katanga (Soledad - Atlántico).

“Dentro del análisis efectuado se estableció que el programa ha sido ineficaz, por cuanto no se logró normalizar la cantidad de usuarios aprobados para cada uno de los proyectos en los tiempos inicialmente establecidos, y cuyos recursos fueron transferidos por el Ministerio de Minas y Energía a Electricaribe S.A., no obstante haberse prorrogado los convenios”, sostiene el Delegado del ente fiscal.

Causas del caos

En concreto, como causas de la caótica situación señala las siguientes: deficiente supervisión y seguimiento por parte de Electricaribe S.A. y del Ministerio de Minas y Energía;  falta de Planeación por parte de la empresa; demora en la suscripción de contratos con terceros; debilidades en los informes de interventoría; incumplimientos de las contratistas; reiterada contratación con firmas que han incumplido, por una limitada lista de contratistas homologados; suspensión indefinida de contratos de terceros; inoportuna liquidación de contratos con terceros; prórrogas reiteradas de contratos suscritos entre el Ministerio de Minas y Energía, y Electricaribe; fallas en la socialización de los proyectos, no se visibiliza la Nación - MME en las comunidades como fuente de los recursos; falta cumplimiento por parte de las Alcaldías en los compromisos, en la lucha contra la ilegalidad y el ordenamiento del territorio; oposición de la comunidad a la medida centralizada; cantidad de proyectos simultáneos (copa capacidad técnica regional para atenderlos simultáneamente) y deficiencias en la estructuración de los diseños de los proyectos, entre otras.

Otro hecho sobre el que llama la atención es el relacionado con los diseños. “El costo de mercado de un diseño eléctrico de distribución con las características ya descritas fluctúa entre el 3% y el 5% del valor de la obra (previstos inclusive por la UPME), mientras que el pago por esta actividad por parte de Electricaribe no supera el 1%, por ser de recursos propios, lo que se ve reflejado en diseños que no visualizan en su totalidad las verdaderas necesidades de los sectores a normalizar y las soluciones planteadas no sean las reales que requiere el proyecto, implicando diseños incompletos en cobertura, aceptabilidad de la comunidad, en sectores de alto riesgo topográfico y con valores de operación elevados en el futuro”, precisa.

A ello se suma el hecho de que el proceso de socialización de las obras, que debió ser desarrollado desde las actividades de diseño, solo es ejecutado al inicio de las mismas dando como resultado la oposición de la comunidad ya conocida.

“De haberse ejecutado en buena forma esta actividad se hubieran identificado en gran medida los riesgos técnicos, sociales y urbanísticos que permitieran llevar a buen término los diseños”, advierte.

En este sentido, reitera que muchas de las deficiencias identificadas que inciden significativamente en la baja eficacia temporal de los proyectos, corresponden a fallas de diseño del programa.

Adicionalmente, los criterios de elegibilidad de los proyectos susceptibles de adjudicación de recursos solo prevén el menor costo por usuario, dejando sin mayor posibilidad de acceso a estos recursos a sectores que posean características de vulnerabilidad muy acentuadas como índices NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) elevados, sectores en desarrollo y con mediana o baja densidad poblacional, áreas no capitales que son más costosos en el valor de las obras por efectos de traslados de material y mano de obra.

Obras sin certificaciones eléctricas

De acuerdo con los informes de auditoría anteriores se observa deficiencias en los informes de interventoría por cuanto los mismos se limitan a presentar el estado y avance de los proyectos en cuadros informativos, sin entrar a profundizar el detalle particular de cada proyecto y las condiciones bajo las cuales se desarrolla cada uno.

Por otra parte, se pudo observar, en lo referente a la fecha de certificación Retie, que de 558 contratos suscritos la entidad no suministró esta información de 352 contratos que equivalen al 63%.

“Llama la atención que existen 106 proyectos que no obstante estar facturando, no cuentan con certificación Retie (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), observándose casos de proyectos con más de dos años de entrada a mercado (hora cero desde abril 15 de 2014) sin el cumplimiento de la certificación. Es decir, que existen proyectos en operación sin medidas que garanticen la seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal, y de la preservación del medio ambiente de acuerdo a lo establecido en la Resolución 180398 del 7 abril de 2004, por la cual se adopta el manual de certificación Retie, situación generada por la falta de seguimiento y control y de interventoría, antes de poner en operación dichos proyectos, lo cual conlleva a que se presenten situaciones de riesgo para la comunidad al no contarse la debida certificación generada por el incumplimiento de la norma”, puntualiza.

El presente informe es producto del primer ejercicio de auditoría de desempeño que se está implementando en la Contraloría General de la República en el proceso de adaptación de las normas ISSAIS 300 y 3000.